Empresas fachada o el robo del dinero público en Edomex
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* El robo del dinero público en el Estado de México; la trama financiera detrás de políticos ligados al PRI y el Grupo Atlacomulco que luchan por retener la entidad otros 90 años
Por: Ma. Teresa Montaño con información de Nina Lakhani y
Lilia Saúl
CDMX.- Coatzacoalcos es un puerto mexicano capturado por el
crimen. Es la capital de las masacres. Sus calles son tan solitarias como
peligrosas, incluso las que bordean el puerto, los murales alusivos a su colorido folklore para
atraer al turismo cerca del malecón lucen enmohecidos y las estructuras
abandonadas, docenas de negocios de la
bahía fueron incendiados o ametrallados, pero justo ahí a unas cuadras estaba
la “empresa” a la que el gobierno del Estado
de México asignó en 2018 contratos por 972 millones de pesos para gestionar “capital humano”
Luego desapareció.
La dirección principal con la cual C&A Intelligent S.C. y
Fix Business S.A. de C.V. ganaron en aparente asociación la licitación pública
lanzada desde Toluca la capital del estado, se ubica a casi 700 kilómetros en el costeño estado de
Veracruz en un entorno asolado por el crimen dentro de un edificio habitacional
desvencijado y con protecciones carcomidas donde nadie respondió por la transacción.
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=bR-pHW24Mfw
En la abandonada estructura que se supone alojaba a C&A
Intelligent S.C. no se logró localizar al personal ni el equipo o el trasiego
que supondría administrar los cientos de servidores públicos por los cuales pagó el gobierno estatal de Alfredo del Mazo.
La segunda empresa Fix Bussines S.A. de C.V. registró un
domicilio en la colonia La Paz en Puebla
donde igualmente nadie pudo informar de su paradero, ya que se trata de una
Notaría, la número 506 de ese estado vecino.
A pesar de esfumarse
de ambos domicilios una de las firmas reaparecería un año después en Toluca, pero solo para recibir tres contratos más y volverse
a escabullir con un domicilio falso.
Este sin embargo no es por mucho el único caso.
Adjudicaciones
multimillonarias fueron asignadas entre 2018 y 2022 a “empresas”
asentadas a cientos de kilómetros del
Estado de México, en lugares de difícil acceso, inexistentes o controlados por
el crimen y por artículos o servicios
disponibles en el mercado local como “esmalte de uñas” que el gobierno Delmacista
fue a comprar a Monterrey; cientos de sillas adquiridas en Querétaro o servicios de limpieza en Tamaulipas en los
límites con Estados Unidos.
Otras contrataciones realizadas por la actual
administración exponen nexos directos
con otros casos de malversación de recursos públicos a gran escala como Odebrechet
o la “Estafa Maestra”, en lo que fuentes
consultadas y expertas en fiscalización, consideran un patrón de saqueo sistemático
e institucionalizado por los
gobiernos del llamado Grupo Atlacomulco que este año arribó
a los 94 años de gobiernos ininterrumpidos en esta región del país.
Una investigación iniciada por The Observer, Periodismo y Verificador
del Discurso Público y concluida con la colaboración de periodistas de The
Gardian y OCCRP bajo un consorcio convocado por Forbidden Stories, con sede en
Francia (tras el robo de la investigación
durante un secuestro perpetrado en agosto del 2021), permitió rastrear al menos 50 contratos con indicios de
malversación de recursos públicos de los presupuestos estatales.
Se constató que detrás de los convenios multimillonarios
había al menos 14 empresas inconsistentes, sin empleados o escaso personal,
además con domicilios ficticios o datos falsos
sobre sus ubicaciones fiscales, lo que al final dejó en el aire la
aplicación de los más de 5 mil 300 millones de pesos que recibieron, incluyendo
“contratos inflados” por servicios intangibles difíciles de fiscalizar de por
sí, de acuerdo con los expertos consultados.
Además se detectó que los contratos con los montos más
considerables están relacionados directa e indirectamente con dependencias gubernamentales
y políticos que ocuparon puestos de primera línea en el actual gobierno del
priísta Alfredo del Mazo, antes de que renunciaran al cargo y regresaran al PRI
para coordinar la campaña electoral mediante la cual pretenden ganar las
elecciones el próximo domingo y retener nuevamente la gubernatura.
Destacan en este caso Eric Sevilla actual presidente estatal del PRI
y su candidata a la gubernatura Alejandra
del Moral Vela, quienes ocuparon alternativamente la Secretaría de Desarrollo
Social del Estado de México (SEDESEM) entre 2017 y finales del 2022.
Otros contratos salieron de la Secretaria del Trabajo
adjudicados a una firma localizada en Querétaro a 250 kilómetros de la capital
mexiquense; otros más de la propia
Gubernatura, otros de la Secretaría del Campo a través de su filial “Protectora
de Bosques” (PROBOSQUE) y otros del Consejo Estatal de la Mujer y la Secretaría
de Desarrollo Económico, entre otras instituciones.
DE COATZACOALCOS A TAMAULIPAS
En 2018 los socios de Coatzacoalcos y su derruido edificio
recibieron 3 contratos: uno por 40 millones 803 mil pesos de la Secretaria de
Desarrollo Social (SEDESE) que dirigía Eric Sevilla, actual presidente del PRI;
otro por 259.2 millones de pesos del Consejo Estatal de la Mujer, cuando la actual
diputada federal del PRI Melissa Vargas
lo encabezó y uno más por 672 millones 325 mil pesos de la Secretaría de
Finanzas, al frente de Rodrigo Jarque Lira, citado en la trama “Estafa Maestra”
por una malversación en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
(Banobras) del 2013, cuando Alfredo del
Mazo era director general y él su colaborador (1).
Tanto Eric Sevilla como Melissa Vargas figuran de manera
protagónica en la actual campaña electoral del PRI, el cual para estas
elecciones va asociado con el PAN, el PRD y Nueva Alianza, la mescolanza de
ideologías contrapuestas que se
condensan en la coalición “Va por el Estado de México” al frente de la
candidata Alejandra del Moral Vela.
Mediante los tres contratos del 2018 el gobierno estatal
compró “asesorías asociadas a convenios”,
algo difícil de fiscalizar por tratarse de “un concepto difuso e inasible”,
confirmaría la experta forense Muna Dora Buchaín.
En 2019 y tras esfumarse del viejo edificio habitacional de
Coatzacoalcos la firma C&A
Intelligent S.C. reapareció en Toluca y recibió otros tres contratos más por mil 188 millones 268 mil pesos adicionales con
los mismos políticos y dependencias involucrados, salvo que en esta ocasión
Melissa Vargas –la legisladora priísta- y en esos momentos titular del Consejo
Estatal de la Mujer, estampó su firma de puño y letra en al menos uno de los
documentos por 237 millones 880 mil
pesos.
Los contratos en todos los casos ocultan las supuestas
direcciones de las firmas en el Estado de México y solo dejan a la vista el
domicilio fiscal, sin embargo el SAT advierte que la “no localización del
domicilio fiscal” constituye un indicio de que se trata de “empresas fachada”.
Múltiples visitas realizadas a la supuesta nueva sede de
C&A Intelligent S.C. en Toluca, rastreada en páginas WEB y proporcionada por
el gobierno mexiquense cuando fue consultado por este equipo, permitió
constatar que el nuevo domicilio de la firma se ubicaba en un edificio llamado
“Torre Laurel” del pueblo de San Lorenzo Tepaltitlán aunque vacío y sin
personal, a la vez que vecinos confirmaron que el logotipo de la firma había
sido colocado, retirado y recolocado varias veces en lo que va de este año.
Cabe destacar que dicho domicilio no es el mismo asentado en
los nuevos contratos de 2019 entregados a la firma, ya que el que citan los
documentos es falso en estricto sentido de los datos asentados, pues señala
como ubicación “Privada Sin Nombre Número 101”, lo cual conduce a la nada…
Pese a ello y para confirmar que se trataba de una “empresa
fachada” -esto es que solo simula
operaciones empresariales- The Observer
Mex y el equipo de The Gardian realizaron al menos cuatro visitas y una guardia
de un día completo –en lunes- para atestiguar el arribo del personal y el trasiego
de las supuestas oficinas, pero nadie llegó.
No llegó nadie. Foto: equipo The Observer
Entre las "pruebas" que aportó el gobierno del Estado de México, en este caso, destacan fotografías del edificio descargadas desde Google y pegadas obre hojas blandas de papel bond y otra más en lo que parecen auditorios repletos de gente en sitios sin referencias.
También proporcionó fotos de un grupo de personas colocadas a la distancia del edificio y al lado de un taxi –como si acabaran de haber sido trasladadas al sitio y dejadas al inicio del camino-, sin embargo vecinos de lugar descartaron que se trate de empleados que trabajen ahí, pues aseguraron nunca haberlas visto.
Consultada al respecto Dora Buchain exdirectora de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en México, desestimó las supuestas “pruebas” aportadas por el gobierno mexiquense y confirmo que las 14 empresas detectadas en esta investigación y similares a Instituto Intelligent S.C. cubren los criterios de “empresas fachada” publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su página oficial.
Las empresas denominadas “fachada” por autoridades fiscales si
bien pueden tener registros fiscales y estar legalmente constituidas ante
autoridades de Economía y Hacienda, no cuentan con capital, instalaciones,
equipo, ni personal por lo que se trata
de “firmas de papel” o empresas ficticias
dedicadas a “simular actividades empresariales”, de acuerdo con los términos del propio
Sistema de Administración Tributaria (SAT). (2)
Su objetivo primordial es extraer de manera ilícita
recursos, apropiarse de ellos y evadir impuestos. El SAT advierte que estos
estafadores también pueden simular, incluso, consorcios “fantasma”, al
asociarse entre sí dos o varias empresas de este tipo.
A su vez la experta aseguró que estos patrones son
consistentes con “redes de estafadores” que operan en México en
colusión con funcionarios corruptos “en posiciones de poder”, los cuales suelen
recurrir a diversas estrategias a las
que denominó “banderas rojas”.
Entre estas citó continuos cambios de domicilios fiscales, cambios
continuos de los apoderados o representantes legales de las firmas, asignaciones
millonarias en “servicios intangibles” que no tienen claridad en sus objetivos
y son difíciles de fiscalizar (como los servicios de limpieza y las asesorías o
los estudios); así como la falta de análisis de mercado que justifiquen o respalden los servicios
o productos contratados.
Prácticamente todos los tipos de “banderas rojas” las
detectamos en esta investigación.
Por ejemplo en el caso de la firma de Coatzacoalcos los
primeros representantes eran María del Carmen Laredo y Carolina Vázquez
Martínez, mientras que cuando Fixs Bussines S.A. de C.V. se trasladó a Toluca,
llegó con Rodrigo Morales Antonio, un nombre que podría estar alterado –en los
términos en que fue consignado en los contratos- o es falso como sus
operaciones…
En Nuevo León
localizado a más de 900 kilómetros de la capital mexiquense, las
empresas contratadas por el gobierno del Estado de México se han propagado como
hongos.
Desde servicios de
seguridad como uniformes, chalecos antibalas y sistemas para autos blindados;
hasta tubos PVC, “materias en estado natural transformadas” o
maquillajes y esmaltes de uñas,
han consumido cientos de millones de pesos del presupuesto mexiquense
adquiridos con firmas neolonesas.
Ni el explosivo ambiente de criminalidad que se registra en
Nuevo León con un aumento de 36.19% en los asesinatos desde el primer cuatrimestre del año pasado
según su fiscalía de justicia (FJNL), ni
la disputa de su territorio por cinco grupos criminales han impedido que el
gobierno del Estado de México salga de compras a la frontera con Estados
Unidos.
Tras un viaje de 16 hora a mediados del caluroso y seco
julio del 2022 y luego de atravesar medio país hasta la colonia Guadalupe
Victoria de la avenida Pablo Livas,
un negocio popular ubicado en el
número 4415 anuncia con amplios rótulos con colores chillantes su objeto
empresarial: productos de limpieza.
Para atraer más clientela la propietaria sacó a media calle
unos tambos azules con escobas y trapeadores,
mientras que en el interior los anaqueles exhiben productos a granel como clarasol, jabones para lavadora
y suavizantes de tela.
En la visita a SEVACOM S.A. de C.V. el año pasado la
propietaria aseguró ser la dueña legítima del negocio, incluso argumentó estar “legalmente registrada” y pagar a tiempo sus
impuestos, pero negó tener algún
contrato con el gobierno del Estado de México.
Y puede que sea
cierto, aunque documentos oficiales
cuentan otra historia.
Entre 2021 y 2022, SEVACOM S.A. de C.V. recibió una docena
de contratos de seis dependencias de la administración estatal incluida la
propia Gubernatura, por un monto total de 90 millones 672 mil 277 pesos en pliegos de adquisición exactamente iguales.
Se trata de contratos adjudicados por la SEDESEM, la Secretaría de Turismo y
Cultura, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Campo, la Secretaría de Desarrollo Económico y la
Gubernatura para adquirir miles de productos que se clasificaron como
“cooperaciones y ayudas”.
Dicho concepto considera una enorme diversidad de artículos
para impartir supuestos talleres de belleza,
jardinería, arreglo de uñas y decoración con globos pero ni uno solo de
limpieza.
Entre las compras mexiquenses a este exitosísimo pero
modesto negocio están maquillajes líquidos y en polvo; pintura de uñas, pestañas postizas, miles de
kilos de azúcar y frascos de café
–incluidos en cada paquete para los supuestos talleres-; sobres de semillas y
pequeñas herramientas para jardinería entre otras baratijas en cantidades
industriales, incluidas más de 20 mil parrillas eléctricas.
Los doce contratos son prácticamente iguales, aunque la
“misión” de las dependencias en la estructura gubernamental, sea diferente lo
mismo que sus objetivos.
La dueña de este negocio con la que dialogamos junto a su hijo en julio del 2022 se negó a
responder solicitudes de información adicionales enviadas este mes, mientras
que el gobierno del Estado de México entregó fotografías del interior del
negocio que presentaban alteraciones a simple vista –de acuerdo con un experto
en fotografía- para aparentar que se trataba no de una tienda común sino de un
centro comercial.
Igualmente presento fotografías de enormes bodegas con
maquinaria industrial, que no corresponde al lugar que visitamos el año pasado.
Otras fotos muestras a dos personas retratadas en momentos distintos en una
misma oficina, así como mujeres posando
con cajas en una misma locación, fotos impresas y pegadas en hojas blancas sin pies
de foto por lo que puede tratarse de cualquier lugar y de cualesquiera
personas.
En el caso de SEVACOM, el gobierno del Estado cuando fue
consultado entregó supuestas calificaciones hechas a la empresa por otras
firmas de Nuevo León, pero en años posteriores a las firmas de los contratos en
cuestión.
Estos contratos fueron signados cuando Eric Sevilla, el actual presidente del
PRI, era titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESEM), pero se operaron
a lo largo de 2022 (seis de ellos), cuando Alejandra del Moral (la actual
candidata del Frente) llegó a relevarlo
en el cargo en febrero del año pasado hasta octubre, cuando renunció.
Muy cerca de SEVACOM S.A. de C.V., el gobierno del Estado de
México adquirió en la colonia “Los Lermas” en el antiguo camino a Cadereyta
“materias primas en estado natural transformadas”, artículos de plásticos y productos de PVC.
En el número “150
oriente” de la citada colonia se ubica la empresa Proveedora Perales
S.A. de C.V., donde también está domiciliada
la empresa Grezconsa S.A. de C.V. El
sitio es considerado un “parque
industrial”, pero sobresale por su entorno con calles sin pavimentar, naves
industriales abandonadas y talleres
invadidos de maleza.
En las viviendas cercanas, confirmaron que se trata de un
parque con poco movimiento.
Sin embargo la firma Perales en medio de la sequía que azota el norte del país, logró venderle a la Secretaria del Campo cuando Mercedes Colín era su titular diversos sustratos de pino, “compostada rica en hongos” bajo especificaciones científicas muy precisas y hasta musgo, todo cultivado en un estado seco y enmedio de una prolongada sequía.
Los dos contratos operados por Probosque como unidad
“usuaria” y entregados a “Proveedora Perales S.A. de C.V.” son: CB/OPD/12/2021
y CB/OPD/12/2021 por 7 millones 658 mil
754 pesos y 7 millones 878 mil 285 pesos, respectivamente, este último por la
compra de más de 30 mil charolas forestales.
Durante la visita a la empresa solo había un
trabajador-vigilante quien aseguró que el representante de la firma Alan Javier
Mejía González no podía bajar a responder nuestras preguntas aunque detrás del
zaguán negro “la planta” lucía un patio lleno de cachivaches, herramientas en
desuso y restos de materiales de construcción, además de enormes contenedores
de líquidos.
También nos informó que “no podían vendernos nada, porque ya
habían vendido todo…”.
Consultado sobre estas operaciones con Proveedora Perales
S.A. de C.V. por más de 15 millones de pesos en dos partidas, el gobierno de
Edomex presentó fotografías en las cuales aparecen vehículos de carga
entregando bultos de mercancía pero sin mayor referencia que las expliquen, en
tanto que otras muestran vehículos descargando en algún lugar del mundo pero
sin corresponder al sitio que visitamos
en Monterrey sin trabajadores, ni equipo y sin mercancía
Dicho establecimiento es la dirección proporcionada en los
contratos adjudicados a esa “firma” en Monterrey.
La experta consultada para evaluar la “evidencia” entregada
por el GEM la estimo insuficiente para descartar a plenitud una posible
malversación de recursos públicos y la simulación de operaciones financieras,
en tanto que respecto a fotografías de documentos que entregó el gobierno al
consultarlo y que tenían que ver con el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) aclaro que no eran consistentes ya que se trata de formatos que
fácilmente pueden ser manipulables, aunque al haber entregado solo fotos de
estos documentos imposible saberlos pues a simple vista resultan “ilegibles”.
También detectó indicios de pruebas fabricadas ex profeso
por la secretaría de finanzas en su
intento por desvirtuar esta investigación, ya que algunos de los documentos
fotografiados muestran logotipos
oficiales del gobierno federal que corresponderían al año pasado pero con información
introducida en días recientes, es decir de este mes de mayo del 2023, año
dedicado a “Francisco Villa” y no a “Ricardo Flores Magón” como se observa en
uno de los documentos fotografiados que se hicieron llegar.
Este documento en
particular se presentó para el caso de la empresa SEVACOM S.A. de C.V.
De acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT)
de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público del gobierno mexicano, las “empresas fantasma” son firmas legalmente
constituidas “que simulan actividades empresariales sin contar con la
infraestructura para producir bienes o servicios, mientras que las “factureras”
conocidas como EFOS están dedicadas a expedir facturas falsas a cambio de una
comisión.
Imposible saber en algunos casos si se trata de empresas
fachada o simples factureras, toda vez que los conceptos por los que captaron
sumas estratosféricas son difusos o muy genéricos como “cooperaciones o ayudas”
o “servicio de apoyo técnico en planeación y optimización de proceso”, o
“jardinería y limpieza” o “servicio especializado para brindar apoyo técnico en actividades de
bienes social”.
Este tipo de conceptos inasibles o difusos son los que la
auditoria forense Dora Muna Buchaín –quien descubrió con sus auditores de la AS
la trama que después se bautizó como la Estafa Maestra-, considera los más
usados para saquear los recursos públicos mediante licitaciones desaseadas.
Destaca en este caso la firma Zumby Servicios Profesionales S.A.
de C.V., la cual recibió cuatro contratos por 2 mil 354 millones 565 mil pesos
entre 2020 y 2022, unos 121 millones de
euros, por “servicio especializado para
brindar apoyo técnico en actividades de bienes social”.
Los recursos que le entregaron la Secretaría de Desarrollo
Social y la Secretaria de Finanzas
alternativamente a la firma, salieron de fondos públicos que en teoría debieron
haberse aplicado para abatir los niveles de pobreza y/o marginación que aquejan
a 9.3 millones de mexiquenses.
En la búsqueda de la firma no se localizaron sus oficinas
operativas en los domicilios que se proporcionó en los contratos, solo oficinas
lujosísimas pero vacías –sin personal- en la colonia Polanco de Ciudad de
México, ni en una dirección de Toluca,
donde al menos otras dos empresas con adjudicaciones por diversos montos y
conceptos registraron el mismo domicilio como Servicios y Abastecimientos
Comerciales S.A. de C.V., e Insumos Globales de Vanguardia S.A. de C.V. en la
colonia La Merced.
Dichas firmas, además de Zumby S.A. de C.V. también
recibieron contratos por el gobierno estatal, por el difuso concepto de
“cooperaciones y ayudas”, algunos firmados incluso por la Secretaría de
Seguridad.
En el caso de Servicios y Abastecimiento Comerciales S.A. de
C.V., los empleados del edificio de la
capital mexiquense no supieron explicar que son “cooperaciones y ayudas”
concepto por el cual el gobierno les pagó un contrato por 4 millones 934 mil
pesos, en tanto que los representantes
de la firma contactada vía telefónica prometieron una cita que nunca
concretaron desde diciembre pasado.
Además en el caso de Zumby Servicios Profesionales S.A. de C.V.
entre los representantes que firman los contratos (uno del 2021 por 851
millones de pesos) se encuentra Vanesa Bernal Martínez, al parecer familiar de
Eduardo Bernal Martínez quien figura entre los principales operadores políticos
de la campaña de la candidata Alejandra del Moral Vela, con quien se reencontró
en 2019 tras dejar un cargo diplomático que asumió en el gobierno de Enrique
Peña.
El polémico abogado priísta es recordado no solo por haber sido representante del PRI estatal ante los órganos electorales y asesor político de Jorge Hank Rhon en Baja California, sino sobre todo por haber sido acusado de desviar 600 mil pesos cuando fue alcalde de Tecámac entre 1994 y 1996 razón por la cual estuvo un día en prisión en el año 2003.
Bernal Martínez también fungió como asesor de la
representación del PRI ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) cuando
Enrique Peña gano la gubernatura en 2005, en un proceso marcado por la violencia
y compra masiva de votos.
Posteriormente ya en el gobierno federal Peñanietista (2012-2018)
fungió como cónsul del gobierno de México en McAllen Texas, Estados Unidos
entre agosto del 2017, cuando recibió el nombramiento hasta noviembre del 2018,
cuando lo dejó. En septiembre del 2019 se reencuentra con Alejandra Del Moral
Vela, siendo esta presidenta del PRI del Estado de México.
McAllen es la ciudad vecina De Monterrey, Nuevo León,
separadas entre sí tan solo por un puente fronterizo y dos horas y media de
camino en auto esto es algo así como 127.5
kilómetros.
En otros contratos abultados asignados por la secretaria
encargada de combatir la pobreza (SEDESEM) a la misma firma, aparece como
representante Jorge Kuri Dzib un empresario ligado a otras firmas de abogados
pero sin un historial ni antecedentes claros o transparentes en el ramo
empresarial.
Durante una mesa de trabajo de la 61 Legislatura Local,
legisladores pidieron a Alejandra del Moral –la hoy candidata oficial del PRIAN
a la gubernatura-en su calidad de Secretaria de Desarrollo Social explicara la
contratación de Zumby Servicios Profesionales S.A. de C.V. y sus millonarias
asignaciones antes de dejar el cargo en octubre del 2022, nunca respondió.
Más bien a los pocos meses renunció y se postuló por los partidos PRI,
PAN, PRD y NA para contender por la gubernatura el 4 de junio e intentar
retener el único escaño de peso que le queda al PRI en el país, pues Edomex posee
un padrón de 12.7 millones de electores y los analistas consideran que los
resultados del domingo serán decisivos para los comicios presidenciales del
2024.
Edomex además posee el mayor y más suculento presupuesto de
México con 360 mil millones de pesos anuales, pese a lo cual el 78.8% de sus 17
millones de habitantes enfrentan algún grado de pobreza o marginación de
acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval).
De esa cantidad los que se encuentran en franca pobreza son
9 millones 300 mil mexiquenses.
Otras firmas cuyos contratos fueron rastreados debido a sus
voluminosos montos pero además porque registraron domicilios en el norte del
país fue ATM Purity S.A. de C.V., la cual en asociación con RGC Supply y Mantenimiento Especializado
Tampico obtuvo diversas adjudicaciones, pero una en particular por 226 millones
398 mil pesos por “servicios de limpieza y poda” en 2021 (CS/A/93/2021).
Al buscar los establecimientos que registraron las firmas en la ciudad
costeña de Tampico, pero del estado de Tamaulipas, tras un viaje de 9 horas y más de 700
kilómetros, uno resultó ser un despacho
contable ubicado en un edificio lleno de notarías y oficinas diversas donde
nunca abrieron; uno más una casa común con una hoja pegada cerca de la puerta en la
que se anunciaba uno de los tres socios firmantes, y otra, una oficina en CDMX donde no se
localizó a nadie pues en realidad corresponde a un centro comercial de la
avenida Patriotismo, donde los vecinos
de los negocios adyacentes confirmaron la inexistencia de la firma.
“Nunca ha estado aquí”, alertaron.
Por otra parte si bien ATM Purity S.A. de C.V. esta formalmente constituida se ha beneficiado
de otros contratos que ya fueron
observados por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), como uno asignado
a la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca por más de 185 millones de pesos para servicios de
limpieza, en un monto que implicaría, de
acuerdo a expertos, tener más personal que alumnos.
Otros contratos asignados a la firma también parecen
considerablemente inflados como el
rastreado en Tampico (CS/A/93/2021) y con vigencia de ocho meses para ocupar en teoría a mil 914 elementos pero
con “gafetes de identificación” para solo 37 trabajadores en 4 sedes del gobierno estatal, según
indica el propio documento en su Anexo F.
Un segundo contrato el identificado con el número CS/A/65/2022 en su página 9 habla de la contratación de mil 966 trabajadores o elementos, es decir 52 más que en el contrato previo del 2021, sin embargo en este caso el monto es de 424 millones 283 mil 716 pesos.
Es decir que la diferencia de 52 trabajadores de limpieza adicionales
entre un año y otro en términos económicos representó 183 millones 969 mil 699
pesos adicionales para el erario público y ni siquiera por contratos anuales,
algunos son solo de 8 meses y otros de 11.
En síntesis: en un mundo paralelo inexistente a cada uno de
esos trabajadores de limpieza les tocarían algo más que 3 millones de pesos.
Imposible.
El contrato CS/A/61/2020 por 185 millones 420 mil 606 pesos es
el que involucró a la Universidad Tecnológica de Valle de Toluca. Según el
documento implicó la contratación de mil 855 trabajadores de limpieza, sin
embargo una auditoria de la ASF solo le atribuyó el ejercicio de dos millones 760
mil 400 pesos.
El contrato cita a la secretaria de finanzas como el “órgano
usuario” y es la ASF la que delata a la Universidad Tecnológica del Valle de
Toluca y revela el número del contrato, así como su multimillonario monto real.
Por otro lado el caso de ATM Purity S.A. de C.V. destaca no solo por haber recibido
adjudicaciones por más de 836 millones
de pesos en al menos tres licitaciones entre 2020 y 2022 en contratos
dispares entre uno y otro, sino también por acudir a las licitaciones con otras
firmas radicadas a más de 794 kilómetros del territorio mexiquense desde donde
en teoría darán el servicio.
Además de estas inconsistencias en los contratos de ATM
Purity S.A. de C.V., se detectó que al menos una de las compañías asociadas y
uno de sus representantes (Juan Fuentes Salazar) se cita en notas periodísticas
en alusión al caso Odebrecht (3).
Y efectivamente en el
contrato CS/A/61/2020 Fuentes Salazar aparece como representante de tres de las
cinco compañías que inusitadamente firman este contrato por más de 185 millones
420 mil pesos.
Las firmas son: RGC Supply S.A. de C.V., América Facility Management, S.A. de C.V. y ATM Purity S.A. de C.V.; en tanto que por las otras dos firmas (EPC Vorab S.A. de C.V. y Mantenimientos Especializados de Tampico S.A. de C.V.) firmó Israel Leobardo Contla Hernández.
La secretaría de finanzas del gobierno estatal, intentó demostrar la operatividad de ATM Purity S.A. de C.V. aportando fotografías de su domicilio fiscal en Tampico. Sin embargo el lugar fue visitado por este equipo en julio del 2022 y pudimos constatar que en realidad no se trata de una “planta” como sugirió la Secretaria de Finanzas con fotos exteriores y presuntamente interiores del edificio, sino de un inmueble que aloja al menos 10 notarias y unos 30 despachos contables.
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LICITACIONES A MODO Y REDES DE FUNCIONARIOS
En todos los casos rastreados para esta investigación, las
licitaciones se convocaron y desahogaron en tiempo record durante los últimos
días de diciembre de cada anualidad cuando todo mundo ya está de descanso y con
una celeridad sorprendente, en prácticamente todos los casos las empresas ganadoras fueron las únicas
competidoras, por lo cual se trató de “licitaciones a modo”, simuladas o
dirigidas.
En otros casos los ganadores acudieron solos o ya asociados
de facto o previamente con las otras firmas con las cuales obtuvieron los
contratos, como ocurrió con las empresas de Coatzacoalcos en la licitación pública LPNP-092-2018.
Actualmente México se ubica en el lugar 31 en el índice
municipal de corrupción de acuerdo con Transparencia Internacional, mientras
que Edomex a nivel nacional, ocupa los primeros lugares en corrupción en
prácticamente todos los indicadores, incluyendo la percepción ciudadana y la
empresarial.
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) ya tenía más
de 13 mil “empresas fantasma” detectadas a principios de este año y se estima un
quebranto anual de más de 500 mil millones de pesos anuales derivadas de estas
según informó El Financiero el 24 de junio del 2019.
Otras dependencias que asignaron contratos a empresas no
localizadas por el consorcio convocado por Forbbiden Stories para acelerar y
concluir esta investigación fueron: La Secretaría del Trabajo, cuando la
encabezó Martha Hilda González Calderón; el Consejo Estatal de la Mujer, con
Melissa Estefanía Vargas Camacho al frente y actual diputada federal de Toluca;
la Secretaría del Campo con Mercedes Colín Guadarrama y la Secretaria de
Turismo y Cultura, en la que estaría implicada Marcela Velasco, quien falleció
recientemente.
En el caso de Martha Hilda González Calderón se informó que
es la coordinadora actual de las estructuras del PRI –es decir la pieza que
engrana todos los sectores imbuidos en la campaña oficial por la gubernatura-,
mientras que Mercedes Colín es la dirigente de la CNOP, también del PRI.
Ambas funcionarias renunciaron a sus respectivos cargos solo
semanas antes de que arrancará formalmente el proceso electoral para renovar la
gubernatura, y en diciembre del 2023, cuando éste dio inicio, aparecieron como
parte del equipo de campaña de la candidata, al igual que otros implicados en
las dependencias de donde surgieron los contratos como Eduardo Bernal.
LAS SILLAS DE MARTHA
Otro caso destacable es la adquisición de 5 mil 394 sillas
desde ejecutivas, hasta plegables y con respaldo ergonómico, además de más de
500 escritorios con la firma Tecnology Depot S.A. de C.V. de Querétaro,
mediante contratos en los que participó tanto la Secretaría del Trabajo, como
la SEDESEM en ejercicios recientes.
Sin embargo durante una visita a la “empresa” se constató
que en realidad se trataba de un espacio contratado al interior de un centro
comercial (El Pueblito) de Querétaro, donde las empleadas no pudieron mostrar el
catálogo de sus productos.
En estas compras el gobierno de Edomex gastó 14 millones 325 mil pesos de recursos para combatir la pobreza en un contrato firmado por SEDESEM; otro contrato más con la misma firma adjudicado por la Secretaría de Finanzas por 14 millones 878 mil pesos adicionales; otro por 10 millones de pesos de la Secretaría de la Mujer por 10 millones adicionales y uno más de la Secretaría del Trabajo por un millón 408 mil pesos.
Además de miles y miles de sillas tanto de oficinas,
ejecutivas y plegables estos fondos se gastaron en cientos de escritorios y
libreros, además de archiveros o gavetas de distintos modelos y costos que
permitirían amueblar docenas de palacios de gobierno o edificios
gubernamentales.
Otra anomalía recurrente fue confirmar que se adjudicaron
contratos por productos o servicios a empresas que no tienen la especialidad en
la materia, como en el caso de SEVACOM S.A. de C.V. especializada en productos
de limpieza pero que vendió 20 mil parrillas eléctricas, maquillajes o
herramientas para el jardín; o una empresa de Zinacantepec especialista en
audio y video, a la que se entregó un
contrato de casi dos millones de pesos para arreglar elevadores.
Adicionalmente otras firmas
recibieron contratos del gobierno estatal por montos inferiores, solo
que sus sedes fiscales nunca fueron localizadas en municipios como Naucalpan,
Lerma, Toluca y Metepec.
En total a estas 18 firmas se les asignaron 40 contratos por
5 mil 394 millones 630 mil 663 pesos, equivalentes a 305 millones de dólares entre
2018 y 2022.
Además de las firmas descritas aquí detectamos, por ejemplo
que la firma Grupo Río, Arquitectura de Paisaje, con dos contratos por más de
20 millones de pesos adjudicados por la secretaría de cultura que encabezaba
Marcela Velasco, registró una sede operativa en el Parque Industrial el
Cerrillo donde en realidad se encuentra la planta de la empresa FIPROS S.A. de
C.V., y cuyo guardia nos confirmó el pasado 7 de mayo, que tienen años ocupando
esas bodegas, mientras que Grupo Río no fue reconocida por las empresas de la
misma cuadra industrial.
Por su parte la firma Cooperativa Purépecha, S.A. de C.V. a
la que se le adjudicó un contrato por más de 17 millones de pesos durante la
gestión de Alejandra del Moral Vela bajo el concepto de “cooperaciones y
ayudas”, tampoco fue localizada y en su lugar se encontró una casa en obra
negra en las inmediaciones de residencial San Jorge.
Los propietarios de los comercios y talleres aledaños, confirmaron que ahí no existe ninguna firma.
Los expertos en auditoria forense consultados sugieren que el gobierno del Estado de México podría estar desviando hasta el 90% de su presupuesto mediante estos esquemas fraudulentos, mientras que políticos locales , no descartan que las elecciones del domingo próximo podrían estar aderezadas con cientos de millones de pesos malversados con la ayuda de redes de empresas irregulares como las aquí descritas y políticos corruptos con cargos públicos, que entre 2018 y 2022 estuvieron a cargo de las licitaciones y adjudicaciones o tuvieron “cargos de poder” para ordenarlas.
Muna Dora Buchain Abulhosn, exdirectora general de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) también consideró que los
involucrados en esta red de defraudación podrían estar incurriendo en diversos
delitos de orden federal como lavado de dinero, asociación delictuosa, uso de
documentos falsos y ejercicio indebido de la función pública, entre otros.
Por su parte la contadora y experta en licitaciones públicas
en Edomex, Marisela Mejía, confirmó que en la administración pública del Estado
de México se registran diversas irregularidades tendientes a beneficiar a
ciertas empresa, las cuales por lo general deben pagar –además- “diezmos” del
10% al menos como comisión a funcionarios de la secretaría de finanzas para
obtener los contratos.
El 10% es sobre el monto de los contratos. También refirió
que quienes participan en las licitaciones públicas de la entidad, conocen
estas desviaciones pero tienen que tolerarlas y también aseguró que en este
círculo de empresas y funcionarios, se sabe que también operan empresas
fachada.
Cabe recordar que en noviembre del 2020 el periódico Reforma
reveló que Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la SEDESOL y SEDATU en el
gobierno de Enrique Peña e implicado en el caso de la llamada “Estafa Maestra”,
declaró ante un juez que parte de los recursos obtenidos mediante la esa trama
fraudulenta se desviaron para financiar la campaña electoral del 2017 en el
Estado de México, cuando Alfredo del Mazo era el candidato del PRI y Alejandra
del Moral Vela la presidenta estatal del PRI. (4)
En el caso de las operaciones simuladas relacionadas con
EFOS, la sanción es de 9 años de prisión de acuerdo con el Código Fiscal
federal.
Los legisladores locales del partido Morena Azucena Cisneros
y Faustino de la Cruz Martínez, señalaron que esta investigación confirma los
patrones de saqueo de los fondos públicos que ha mantenido el gobierno
mexiquense considerado en los primeros lugares en corrupción a nivel nacional y
no descartaron que parte de esos recursos podrían estar en juego el próximo
domingo.
Por su parte el profesor e investigador de la Universidad
Nacional Autónoma del Estado de México (UNAM), Gabriel Corona Armenta, señaló
que es difícil descartar que parte de estos fondos malversados hayan ido a
parar a la campaña del PRI, porque dijo, “el tricolor en Edomex no sabe ganar
elecciones de otra manera, si no es a través de fraudes”.
Señaló que estas transacciones “sospechosas” forman parte de
la cultura priísta que se alimenta de la corrupción y que combinan los negocios
y la política.
“Hacen negocios para hacer política y hacen política para
inyectar recursos a sus negocios”, destacó el también exconsejero del IEEM.
A su vez Cisneros recordó que apenas en abril pasado la
bancada del PRI en la Legislatura Local se negó a llevar un punto de acuerdo a
discusión para que se abriera una investigación en torno a la participación de
universidades estatales en la llamada “Estafa Maestra” en la cual están
implicados rectores, el gobernador, el secretario de finanzas y hasta el actual
jefe de la bancada de los diputados locales del PRI, Elías Rescala Jiménez,
pues todos tuvieron cargos en Banobras cuando ocurrieron los desfalcos.
El caso sigue impune.
Todas las evidencias que aportó el gobierno del Estado de
México para intentar justificar los casos de contrataciones más sospechosos
fueron nuevamente verificados, incluyendo visitas a lugares de Ciudad de México
y Puebla donde tampoco se localizaron
las instalaciones de las empresas e incluso una resultó ser una herrería
modesta en la cual los trabajadores rechazaron tener conocimiento de otra
empresa ahí asentada, mientras que el resto de los sitios no cuentan con
rótulos de ningún tipo, no existen (caso de la dirección de Patriotismo en
CDMX).
El gobierno mexiquense insistió que todas las empresas “eran
legales”, es decir contaban con registro y que las licitaciones y
adjudicaciones también lo son.
En las respuestas a solicitudes de información, abundaron en
aspectos que cubren las formalidades de la ley, como que las licitaciones son
públicas y nacionales, lo cual desde su punto de vista justifica la
contratación de empresas foráneas.
La mayoría de los contratos aquí expuestos y analizados
fueron adjudicados en licitaciones que se desahogaron los últimos días de diciembre,
a lo que la secretaría de finanzas respondió que se debió a que es “para atender las demandas de la población”.
Los 5 mil 300 millones de pesos operados mediante estas
empresas podrían haber permitido la construcción de unos 23 mil 118 pies de casa
para personas pobres; o terminar la mitad de los 9 hospitales que dejo inconclusos
Eruviel Ávila, antecesor de Alfredo del Mazo, también del PRI.
Dicho monto en perspectiva, representa la mitad del gasto
anual de la propia Secretaria de Desarrollo Social y el doble del presupuesto anual
de la Secretaría del Campo, ambas destinadas, en teoría, a asistir a la población
más pobre y desprotegida tanto en las grandes metrópolis como en el campo.
Muna Dora Buchaín, recordó que Edomex es la entidad más
corrupta de todo el país debido a que prevalece la impunidad y la falta de una
fiscalización real.
Además estimó que toda esta red de funcionarios, estarían
incurriendo claramente en delitos de: lavado de dinero, asociación delictuosa y
colusión, entre otros.
Para conocer la postura del gobierno del Estado de México y
de las dependencias involucradas, así como del PRI, se promovieron al menos 30
solicitudes de transparencia a través de la red del Instituto de Transparencia,
acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
México y Municipios (INFOEM), en todos los casos las áreas respectivas
aseguraron que sus concursos de licitación cumplen con la ley.
En estos casos se enviaron solicitudes de información a la
Secretaría de Finanzas, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Desarrollo
Social, Secretaría del Campo, Secretaría de Cultura, Gubernatura, DIFEM,
Secretaria de Seguridad, Secretaría de Desarrollo Económico y el Comité
Directivo Estatal del PRI. Se solicitó se entregaran las documentales que
comprobaran el cumplimiento de los contratos, pero en este punto no contestaron
y al margen del sistema de transparencia, hicieron llegar fotografías diversas
descritas arriba, incluyendo algunos domicilios adicionales que también fueron
verificados sin éxito, pues no se localizó a nadie o se trataba de lugares con
otros negocios.
Igualmente se rastrearon lo registros de cada una de las
firmas y algunas como C&A Intelligent S.C. se constató su inexistencia y en
otras con contratos inflados, como ATM Purity S.A. de C.V. se detectaron
continuos cambios de representantes, lo mismo que en Zumby S.A. de C.V., además
de domicilios, mientras que en casi ninguna de estas empresas se encontraron
páginas WEB oficiales para promocionarse.
(1)
https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/
(2)
http://omawww.sat.gob.mx/Anticorrupcion/Paginas/td_contribuyentes.html
(4) https://www.sinembargo.mx/20-11-2020/3896848
“PRUEBAS” DEL
GOBIERNO DE EDOMEX: https://docs.google.com/document/d/1Ds7Q4I8tc4HtdkbYwUccX6WY88slX8O7HTZnSPw_Ay0/edit
LA LISTA DE EMPRESAS PUEDE SER CONSULTADA AQUÍ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H6x08qgqoMoRx41IZJThFJWfzKHeZYgO32B2S-M1WRk/edit?usp=sharing
The Observer Mex
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