Edomex busca sancionar uso de "drones" en comisión de delitos

                 

Iniciativa de la Legislatura Local podría elevar de 18 a 27 años de prisión el delito de abigeato cuando se cometa con el uso de drones y de 12 a 18 años, en el caso de que los artefactos se utilicen en la comisión de robos. 

Imagen del Ayuntamiento de Casarrubuelos

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense informó que solicitará la opinión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para enriquecer una iniciativa que plantea sancionar el uso de aeronaves no tripuladas (drones) con el fin de vigilar, recabar información o planear actividades para cometer abigeato (apropiación ilegal de ganado de cualquier tipo), despojo o robo.

La propuesta fue presentada por la legisladora María del Carmen de la Rosa Mendoza  y también propone que el organismo público autónomo diseñe y opere un protocolo para el manejo de la información que contenga los dispositivos relacionados con tales delitos, a fin de evitar violaciones al debido proceso.

En reunión de trabajo para analizar el proyecto legislativo para reformar el Código Penal, la proponente y las legisladoras Emma Alvarez Villavicencio (PAN) y Miriam Silva Mata (PVEM) coincidieron en la viabilidad de establecer sanciones por el uso de drones para cometer las conductas señaladas.

Al explicar su iniciativa, María del Carmen de la Rosa del partido dominante en la Cámara Local expuso que se reconoce que las modalidades del delito de robo han evolucionado y las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas para planificar o facilitar conductas ilícitas.

Añadió que la premeditación en el uso de tecnologías para causar daño y cometer delitos debe sancionarse con una penalidad más severa, pues ello envía un mensaje claro de que los ilícitos que recurren a nuevas modalidades, herramientas tecnológicas o vacíos legales no serán tolerados, sino combatidos, investigados y castigados. Además, adelantó que su propuesta podría ampliarse para incluir otros delitos que también se cometan mediante el uso de este tipo de tecnologías.

La panista Emma Alvarez indicó que es necesario ajustar la redacción del planteamiento para evitar confusiones entre los términos abigeato y robo, pues afirmó que son tipos penales distintos  "a fin de evitar amparos o impugnaciones legales cuando se aplique", no obstante habrá que recordar que existe el derecho a la defensa jurídica siempre y en cualquier circunstancia, por lo cual se antoja dificil que se pueda obstruir este derecho protegido por las leyes y los Derechos Humanos.

No obstante aseguró que se requiere precisar cómo se acreditará el uso del dispositivo y se manejará la información que contenga, toda vez que, sin un protocolo científico adecuado, podría no ser admitida como prueba. Para lo anterior, propuso facultar a la FGJEM a emitir el protocolo del caso.

Finalmente, Miriam Silva solicitó evaluar qué otros delitos podrían incorporarse a la reforma, ya que el uso de drones no se limita únicamente a las conductas actualmente planteadas.

Expuso la necesidad de precisar y fortalecer la redacción de la iniciativa para evitar dificultades a la Fiscalía al momento de recibir denuncias e integrar carpetas de investigación, así como para impedir que posibles ambigüedades legales sean aprovechadas por los delincuentes para promover recursos de amparo o evadir la acción de la justicia.

                       PROYECCIÓN DE SANCIONES 

El proyecto legislativo establece que el abigeato —actualmente con penas de uno a 18 años de prisión y hasta 300 días multa— podría alcanzar hasta 27 años de cárcel y 450 días multa por el uso de drones.

Así como que el delito de despojo —que ahora se castiga con confinamiento de cinco a 10 años y 700 días multa— alcanzaría hasta 25 años con 6 meses y hasta mil 500 días multa (como ya sucede cuando se configura alguna de las 10 agravantes que considera el Código Penal).

En cuanto al robo —que actualmente se penaliza con seis a 12 años de prisión y de 250 a 300 días multa— se penalizaría con hasta 18 años de cárcel y 450 días multa.